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Suplicando el reconocimiento de la dependencia y derechos a las prestaciones del Sistema en Castilla-La Mancha 2013

29 May

 Esto es copia literal de lo que aparece en la solicitud del Decreto: Decreto 26/2013, de 23/05/2013, del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en Castilla-La Mancha.

DATOS DE LA SOLICITUD

EXPONE: Que reuniendo los requisitos, y al amparo de lo dispuesto en la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y conforme al Decreto 26/2013, de 23 de mayo, del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en Castilla-La Mancha,

SUPLICA: El reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia

052

 El día 28/05/2013, se ha publicado en el D.O.C.M.:

Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales

Decreto 26/2013, de 23/05/2013, del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en Castilla-La Mancha.

Ahora os voy a poner un formulario (en Word), para rellenar la solicitud que se ha reformado por este Decreto:

Formulario Solicitud Nueva de DEPENDENCIA 2013

Vamos a ver qué dice este Decreto.

Capítulo I

Disposiciones generales.

Artículo 1. Objeto.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Artículo 3. Integración en el Sistema Público de Servicios Sociales.

Artículo 4. Competencias.

Artículo 5. Participación y cooperación interadministrativa.

Artículo 6. Capacidad económica de los usuarios. Participación económica de los usuarios.

De acuerdo con los artículos 14.7 y 33.1 de la ley 39/2006, la capacidad económica personal de los beneficiarios de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, se calculará valorando el nivel de renta y patrimonio de la persona interesada y los beneficiarios participarán en la financiación de las mismas según el tipo y coste del servicio y su capacidad económica personal.

Capítulo II

Equipos de valoración.

Artículo 7. Composición y funciones.

Capítulo III

Procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema.

Artículo 8. Inicio del procedimiento.

El reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del SAAD se iniciará a instancia de la persona que pueda estar afectada por algún grado de dependencia o por quien ostente su representación.

Cuando se haya incoado un procedimiento judicial de incapacitación, podrá ser instado por el cónyuge, o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, los descendientes, ascendientes o hermanos de la persona presuntamente incapaz. En su defecto, por el guardador de hecho o por la Administración.

En el caso de personas atendidas en plazas residenciales, centros de día, centros ocupacionales, centros de rehabilitación psicosocial, o en cualquier otro servicio de la red pública de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha de los contemplados en el catálogo de servicios del SAAD, la Administración Regional o el interesado o su representante legal promoverán el reconocimiento de su situación de dependencia para garantizar la protección de sus derechos.

Artículo 9. Solicitudes.

Junto con la solicitud se aportará con carácter preceptivo, sin perjuicio de lo que se indica en el punto 4 de este artículo, la siguiente documentación:

a) Documento Nacional de Identidad de la persona interesada, y en su defecto, documento acreditativo de su personalidad.

Para los menores de edad, se presentará igualmente Documento Nacional de Identidad.

Las personas que carezcan de la nacionalidad española aportarán tarjeta acreditativa de su condición de residente en la que figure el Número de Identificación de Extranjero.

b) Documento Nacional de Identidad del representante legal o guardador de hecho, y en su caso, resolución judicial de incapacitación y documento acreditativo de la representación.

c) Certificado de empadronamiento de la persona interesada.

d) La última declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas de la persona interesada, en su caso.

e) Certificado sobre las pensiones públicas que perciba la persona interesada.

f) Última declaración del impuesto sobre el patrimonio, en su caso.

g) Declaración responsable sobre las disposiciones patrimoniales realizadas en los últimos 4 años que contempla la Disposición adicional quinta de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria.

Aquí podéis bajar el modelo de declaración responsable: declaracion_responsable_patrimonio_mobiliario1 y Certificado Bancario

En caso de que la persona solicitante no este obligada a presentar declaración sobre el impuesto de la renta o sobre el de patrimonio, deberá aportar una declaración responsable en tal sentido.

h) Compromisos adquiridos, en su caso, por el cuidador familiar.

Aquí podéis bajar el modelo de compromisos del cuidador familiar: Modelo COMPROMISO CUIDADORES.

i) Informe de salud, en el que se reflejen las condiciones de salud de la persona solicitante que fundamenten desde una perspectiva médica la necesidad de ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria, y en su caso, sobre las ayudas técnicas, órtesis y prótesis que le hayan sido prescritas, conforme al modelo normalizado aprobado por la Consejería competente en materia de asuntos sociales.

Junto al informe de salud, la persona interesada podrá aportar cuantos informes médicos y psicosociales considere pertinentes.

El informe de salud será emitido por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, para las personas con derecho a tarjeta sanitaria, o en su defecto por médicos colegiados adscritos a entidades que tengan convenio o concierto con la Consejería competente en materia de sanidad.

En el supuesto que la persona interesada esté integrada en los Regímenes especiales del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas), de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), de la Mutualidad General Judicial (Mugeju), o pertenezca a un colectivo con Convenio especial de atención sanitaria, el informe de salud será expedido por médicos adscritos a entidades que tengan concierto con los mismos o con la Seguridad Social para la prestación de servicios de asistencia sanitaria. En estos casos deberá adjuntarse documentación acreditativa de la pertenencia a dichos Regímenes.

j) Informe social, en el que se describa la situación socio-familiar de la persona solicitante, así como la orientación hacia el tipo de servicio o prestación más adecuada a su situación de dependencia. En el supuesto de que la persona sea usuaria de un recurso cuya titularidad pertenezca a una Administración Pública dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, el trabajador social del centro o servicio colaborará con los Servicios Sociales del Municipio donde se ubica el recurso en la elaboración del Informe Social referido a la persona solicitante.

La orientación hacia un determinado servicio o prestación, contenida en el informe social será preceptiva pero no vinculante a la hora de elaborar la propuesta del programa de individual de atención (PÍA), por parte del equipo de valoración correspondiente.

La persona interesada o su representante legal podrán otorgar, en la solicitud, autorización a la Administración de la Junta de Comunidades para que pueda realizar consultas en los ficheros públicos que obren en poder de las distintas Administraciones públicas para verificar los datos declarados en la solicitud sobre la persona interesada.

En particular la autorización conllevará la facultad de acceso a datos sobre su identidad, empadronamiento, económicos y fiscales y, cuando se trate de extranjeros, la consulta sobre la residencia en España, la residencia actual así como los periodos que se aleguen. En este caso no deberán presentar los documentos señalados en las letras a), c), d) y f) del apartado 2.

La persona interesada o su representante legal otorgará, en su solicitud, autorización a los profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria y/o a los profesionales del Equipo de Valoración de la situación de dependencia para el acceso al domicilio del solicitante, cuando éste le sea requerido y a los efectos de realizar las tareas de valoración de la situación socio-familiar, de desenvolvimiento en el entorno en el que vive, así como de comprobar el cumplimiento de los requisitos o la variación de las circunstancias.

Tendrán preferencia en la tramitación de las solicitudes de valoración de la situación de dependencia:

a) Las que se fundamenten en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad a propuesta de los Servicios Sociales de atención primaria y así sean consideradas estas situaciones por el Servicio correspondiente de los Servicios Periféricos de la Consejería competente en materia de asuntos sociales.

b) Las que correspondan a personas en situaciones de especial vulnerabilidad, determinados por el Servicio competente en materia de asuntos sociales.

c) Las correspondientes a personas atendidas en plazas residenciales, centros de día, centros ocupacionales, centros de rehabilitación psicosocial, o en cualquier otro servicio de la red pública de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha de los contemplados en el catálogo de servicios del SAAD, siempre y cuando no haya sido valoradas su situación de dependencia con anterioridad a ser atendidas en cualquiera de estos servicios.

Artículo 10. Lugar de presentación de las solicitudes.

Artículo 11. Subsanación.

Artículo 12. Valoración de la situación de dependencia.

Se procederá por parte del servicio competente en materia de dependencia a revisar técnicamente la documentación aportada por el interesado, para valorar la existencia de fundamento de la necesidad de ayuda para la realización de las actividades básicas de vida diaria en base a razones derivadas de la edad, de la enfermedad o discapacidad y siempre ligadas a la falta o pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial de carácter permanente. En el caso de valorar que existe dicho fundamento, se procederá a comunicar a la persona solicitante el día y la hora en que se acudirá al lugar de residencia de ésta, para aplicar el baremo de valoración de la dependencia o la escala de valoración específica en el caso de menores de tres años.

Excepcionalmente, en los supuestos en que por las circunstancias personales y familiares no sea posible la valoración de la persona solicitante en su domicilio, el órgano competente podrá determinar la valoración en unas instalaciones diferentes al domicilio de la misma o en la sede de dicho órgano.

Artículo 13. Resolución de Grado de Dependencia.

Una vez emitido el dictamen sobre el grado de dependencia por parte del equipo de valoración de la dependencia, éste dará traslado del dictamen al jefe del servicio competente en materia de dependencia el cual, formulará la propuesta provisional de resolución que determinará el grado de dependencia de la persona solicitante, la cual establecerá, cuando proceda en función de las circunstancias concurrentes, el plazo máximo en que deba efectuarse la primera revisión del grado que se declare. De esta propuesta provisional se dará audiencia a la persona interesada durante un plazo de 10 días.

Una vez finalizado el plazo del trámite de audiencia, el jefe de servicio citado elevará la propuesta definitiva de resolución a la persona titular de los servicios periféricos de la Consejería competente en materia de servicios sociales la cual dictará la correspondiente resolución que se notificará a la persona solicitante o a sus representantes legales. Esta resolución deberá dictarse en el plazo máximo de cuatro meses, que se computará a partir de la fecha de entrada de la solicitud en el registro para el órgano competente para su tramitación.

Artículo 14. Elaboración del Programa Individual de Atención.

Una vez notificada la resolución del grado de dependencia a la persona interesada, si el grado resuelto tras dicha valoración se encuentra vigente de acuerdo con lo establecido en la disposición final primera de la Ley 39/2006, en su redacción dada por el artículo 22 apartado diecisiete del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, se procederá a elaborar el Programa Individual de Atención regulado en el artículo 29 de la citada Ley 39/2006.

En dicho programa se propondrán, de entre aquellos servicios y prestaciones contemplados en la Ley 39/2006, aquellos que más se adecuen a las necesidades de apoyo de la persona solicitante en función de su grado y que sean compatibles conforme a la normativa reguladora. Excepcionalmente se podrán proponer prestaciones económicas siempre que se cumplan las condiciones específicas establecidas para las mismas, y en todo caso, para las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, será preceptivo que las personas cuidadoras no profesionales acrediten previamente su idoneidad para tal cometido según se estipule por la normativa reguladora.

Artículo 15. Trámite de audiencia.

Una vez elaborada la propuesta del Programa Individual de Atención, el equipo de valoración de los Servicios Periféricos competentes en materia de asuntos sociales dará audiencia sobre la misma, durante un plazo de 15 días, a la persona en situación de dependencia y simultáneamente la comunicará a los Servicios Sociales de Atención Primaria del Municipio de residencia de la persona interesada.

Se dará participación también, cuando proceda, a su familia o entidades tutelares que la representen. En todo caso, se indicará a la persona interesada que tiene la posibilidad de consultar con los Servicios Sociales de Atención Primaria del Municipio de residencia para que la toma de decisiones sea la más adecuada a su situación de dependencia y a su situación sociofamiliar.

Se enviará junto a la propuesta un sobre pre-franqueado para la devolución del escrito de trámite de audiencia por parte de dicha persona, su familia o entidades tutelares que le representen.

Artículo 16. Propuesta de resolución del Programa Individual de Atención y Efectividad del Derecho.

Artículo 17. Resolución del Programa Individual de Atención y Efectividad del Derecho.

La resolución del Programa Individual de Atención y Efectividad del Derecho deberá dictarse y notificarse a la persona en situación de dependencia o a sus representantes legales en el plazo de 2 meses contado a partir de la notificación de la resolución de reconocimiento de grado, sin que se pueda rebasar en ningún caso el plazo máximo de seis meses desde la fecha de entrada de la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia en el registro del órgano competente para su tramitación.

De dicha resolución se enviará copia para su seguimiento a los Servicios Sociales de Atención Primaria del municipio de residencia de la persona interesada.

Artículo 18. Recursos.

Artículo 19. Revisión de la situación de dependencia y de las prestaciones del sistema.

Artículo 20. Revisión de la situación de dependencia.

El grado de la situación de dependencia será revisable por las causas establecidas en el artículo 30 de la Ley 39/2006, pudiendo iniciarse el procedimiento, de oficio por los Servicios Periféricos de la Consejería competente en materia de asuntos sociales o a instancia de la persona interesada o de su representante legal.

El plazo mínimo para poder solicitar una revisión a instancia de parte será de tres años a contar desde la fecha de la resolución en vigor, excepto en los casos en los que, de los informes de salud aportados, se acredite suficientemente que se hayan producido cambios sustanciales en las circunstancias que dieron lugar al reconocimiento de grado.

Artículo 21. Revisión del Programa Individual de Atención.

El Programa Individual de Atención podrá revisarse:

a) A instancia de la persona interesada o de sus representantes legales, a la solicitud de revisión habrá de acompañarse en su caso documentación justificativa del abono, en su caso, de la tasa correspondiente.

b) De oficio por el órgano que lo hubiese aprobado.

Las prestaciones reconocidas podrán ser modificadas en los siguientes casos:

a) Modificación del grado de dependencia o de la situación personal de la persona beneficiaria.

b) Variación de alguno de los requisitos o condiciones establecidos para su reconocimiento.

c) Incumplimiento de las obligaciones de la persona beneficiaria establecidas en la Ley 39/2006.

d) Generación de nuevas prestaciones o servicios, incremento de la intensidad de los mismos; o disponibilidad en la Red Pública del servicio prescrito cuando la prestación reconocida fuera la económica vinculada al servicio.

e) Cuando el usuario requiera por razones sociales o sanitarias traslado de plaza a otro lugar y voluntariamente solicite el mismo.

El plazo para solicitar la revisión del Programa Individual de Atención a instancia de la persona interesada, o de sus representantes legales, será de dos años desde la emisión del Programa Individual de Atención anterior. Excepcionalmente, el plazo podrá ser inferior cuando del análisis de los informes sociales y de salud se considere como justificada la necesidad de revisión del Programa Individual de Atención.

Artículo 22. Extinción del derecho a la prestación.

Artículo 23. Efectividad de las revisiones y extinciones.

Capítulo IV.

Eficacia del SAAD y competencias para sancionar.

Artículo 24. Seguimiento de prestaciones económicas y servicios.

Los Servicios Sociales de Atención Primaria del lugar de residencia de la persona en situación de dependencia colaborarán en el seguimiento de la correcta aplicación del Programa Individual de Atención en su ámbito territorial y de su adecuación, en su caso, a la situación del beneficiario.

Toda persona beneficiaria de las prestaciones del SAAD y, en su caso, la que le represente, estará obligada a comunicar cualquier variación de circunstancias que pueda afectar al derecho, al contenido o a la intensidad de las prestaciones que tuviera reconocidas, en el plazo de 30 días a contar desde que dicha variación se produzca. En el caso de incumplimiento de esta obligación, cuando originaran la percepción de cuantías indebidas o participación insuficiente en el coste de los servicios, la persona beneficiaria estará obligada a su reintegro o al abono de la diferencia correspondiente.

Artículo 25. Competencias para la imposición de sanciones.

Disposición adicional primera. Reconocimiento de las situaciones de necesidad de concurso de otra persona.

Disposición adicional segunda. Reconocimiento de la situación de dependencia de personas que se hallen en centros de la red pública o concertada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Disposición adicional tercera. Comisiones de Coordinación y Evaluación.

Disposición adicional cuarta. Procedimientos de reconocimiento de la situación de dependencia iniciados en otras Comunidades o Ciudades Autónomas. Traslado de la persona beneficiaria entre Comunidades y/o Ciudades Autónomas.

Disposición adicional quinta. Régimen de participación económica por la utilización de los servicios sociales por personas no dependientes.

El régimen de participación económica que se establezca en la normativa a la que se refiere el artículo 6 se aplicará igualmente a las personas usuarias de la Red Pública de Servicios Sociales incluidos en el catálogo de servicios del SAAD, aun cuando no estuvieran en situación de dependencia.

En estos casos, en aplicación del principio de subsidiariedad de los servicios sociales, para determinar la aportación económica correspondiente, podrán tenerse en cuenta las rentas y patrimonio de las personas que tengan la obligación de alimentos conforme a lo establecido en la legislación civil.

Disposición adicional sexta. Régimen de concertación.

Disposición transitoria primera. Reconocimiento de las prestaciones del SAAD para personas valoradas con grado I.

Cuando tras la valoración técnica realizada por el equipo de valoración, a la persona solicitante le sea reconocido el grado I, la resolución que lo reconozca solamente determinará el grado de la situación de dependencia. El Programa Individual de Atención se elaborará en los tres meses anteriores a la fecha en la que se deban ser efectivas las prestaciones de este grado I y sus correspondientes niveles, de acuerdo con el calendario establecido por la disposición final primera de la Ley 39/2006, en su redacción dada por el articulo 22, apartado diecisiete, del Real Decreto-Ley 20/2012.

Disposición transitoria segunda. Tramitación de las solicitudes anteriores a este Decreto.

Las solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto se tramitarán conforme a lo dispuesto en el presente Decreto. Cuando para resolver las solicitudes conforme al presente Decreto se necesite la presentación de nuevos documentos o la realización de trámites, se dará a los interesados los plazos necesarios para el cumplimiento de los trámites o presentación de los documentos.

Disposición transitoria tercera. Acceso de personas no dependientes a los servicios del catálogo.

Todas aquellas personas que a la entrada en vigor de esta norma estuvieran disfrutando de un servicio o prestación de los contemplados en el catálogo del SAAD y no hubieran solicitado el reconocimiento de la situación de dependencia deberán hacerlo en el plazo máximo de un mes.

Toda resolución que permita el acceso de una persona sin reconocimiento de la situación de dependencia a un servicio establecido en el catálogo de la Ley, deberá señalar que no existe persona dependiente esperando el acceso a dicha plaza y, en todo caso, estará condicionado, en los mismos términos y condiciones, a su ocupación por ésta.

Disposición transitoria cuarta. Acreditación de Centros y Servicios.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogado el Decreto 176/2009, de 17/11/2009, del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, y de la composición y funciones de los equipos de valoración, así como cuantas otras normas de igual o inferior rango contradigan  o se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Disposición final primera. Habilitación normativa.

Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de asuntos sociales para que apruebe por Orden las modificaciones al Anexo de este Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

ley_dependencia

El presente Decreto entrará en vigor al mes de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Entonces entrará en vigor el día 28 de junio de 2013.

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