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Acuerdo del 10 de julio de 2012 del Consejo Territorial para la mejora del sistema para la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia

06 Ago

Hoy 03/08/2012, se ha publicado en el B.O.E.:

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

Resolución de 13 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para la mejora del sistema para la autonomía y atención a la dependencia.

ANEXO

Acuerdo del 10 de julio de 2012 del Consejo Territorial para la mejora del sistema para la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

Vamos a ver cómo se piensa el consejo territorial, que se va mejorar la ley de dependencia, (Pero hay que leerse enteramente el anexo, para sacar conclusiones y ver realmente todo)

(cosas que se pueden resaltar, aunque es muy extenso):

Una vez informados los órganos de apoyo y participación del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, por acuerdo de su Comisión Delegada, considerando que es una necesidad para conseguir una igualdad de derechos de todas las personas con independencia del territorio en el que residan y una aplicación normativa armónica en todo el territorio nacional, así como una obligación legal derivada de los mandatos contenidos en la Ley, en sus artículos 8.2,10,14.4 y 7, 21, 27.1 y 2, 28.5, 33, 34.2 y 3, 35.1, 37 y Disposición Adicional decimotercera, y en ejercicio de las funciones que le son atribuidas en el artículo 8.2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, con respeto a las competencias de cada una de las Administraciones Públicas y Entidades del Sistema de la Dependencia, el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, acuerda:

Primero.

Aprobación de la evaluación de resultados prevista en la Disposición final primera de la Ley.

El Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia será el órgano encargado de realizar las evaluaciones anuales del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia.

Segundo.

Aprobación de las siguientes Propuestas de Mejora:

1.ª Modificación de la actual clasificación de la situación de dependencia establecida por grados y niveles.

Los nuevos grados serán los siguientes:

  • Grado III. Gran Dependencia.
  • Grado II. Dependencia Severa.
  • Grado I. Dependencia Moderada.
2.ª Adaptación de los criterios para determinar las intensidades de protección del servicio de ayuda a domicilio, a las necesidades reales de las personas en situación de dependencia.

Para las personas que ingresen en el Sistema de Atención a la Dependencia, a partir de la entrada en vigor de la norma que reforme la clasificación de la situación de dependencia exclusivamente en grados, la intensidad hora/mes para el servicio de Ayuda a Domicilio será:

○ Grado III: Entre 46 y 70 horas/mes.

○ Grado II: Entre 21 y 45 horas/mes.

○ Grado I: Máximo de 20 horas/mes.

Para las personas que a la entrada en vigor de la reforma, ya tuvieran reconocido grado y nivel, la intensidad para la ayuda a domicilio será:

○ Grado III, nivel 2: Entre 56 y 70 horas/mes.

○ Grado III, nivel 1: Entre 46 y 55 horas/mes.

○ Grado II, nivel 2: Entre 31 y 45 horas/mes.

○ Grado II, nivel 1: Entre 21 y 30 horas/mes.

○ Grado I, niveles 1 y 2: Máximo de 20 horas/mes.

3.ª Mejora y adecuación de las prestaciones y servicios, para garantizar la sostenibilidad del Sistema, y ampliación de la prestación económica por asistencia personal a todos los Grados de dependencia.

Se ampliará a todos los Grados de Dependencia, la prestación económica de asistencia personal prevista en el artículo 19 de la Ley.

Las prestaciones económicas serán incompatibles con los servicios del catálogo establecido en el artículo 15 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, salvo con los servicios de prevención de las situaciones de dependencia, de promoción de la autonomía personal y de teleasistencia. Igualmente serán incompatibles las prestaciones económicas entre sí.

4.ª Traslados de personas en situación de dependencia reconocida a otras Comunidades Autónomas.

Las Comunidades Autónomas se comprometen a comunicar al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) como órgano coordinador, a través del Sistema de Información para la Autonomía y Atención a la Dependencia y de forma inmediata una vez conocidos, los traslados que se produzcan.

El Imserso lo comunicará a la Comunidad Autónoma receptora y, en un plazo máximo de 60 días, procederá a la regularización correspondiente.

5.ª Mejoras en el Procedimiento y transparencia en la gestión.

a) Respecto de la solicitud de inicio del Procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia. Contenidos mínimos, básicos, comunes y documentos a aportar.

b) Respecto de la Resolución de reconocimiento de la situación de dependencia. Contenidos mínimos, básicos y comunes.

c) Respecto de la Resolución de concesión de servicios o prestaciones en base al Programa Individual de Atención y efectividad del derecho.

6.ª Mejoras en los Sistemas de Información.
7.ª Revisión de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales.

Para las prestaciones de esta naturaleza que se reconozcan a partir de la entrada en vigor de la norma que recoja el contenido de este apartado, como mínimo, se incorporarán los siguientes requisitos:

● Se establecerán criterios mínimos para el reconocimiento de esta prestación, que se recogerán en el modelo de solicitud como requisitos y compromisos que deberá cumplir el cuidador de la persona en situación de dependencia, señalados en la propuesta 5.a).

● Dado el caráter excepcional del reconocimiento de la prestación que se establece en la Ley, esta modalidad de atención será establecida por el valorador y siempre que, con anterioridad a la presentación de la solicitud, esté siendo ya atendido por cuidadores no profesionales. Para ello se revisará el artículo 29 de la Ley para la determinación de esta prestación como la más adecuada a sus necesidades, una vez comprobado por parte de los profesionales de los equipos de valoración y la Administración competente, que se dan las condiciones adecuadas, en su conjunto, para la concesión de esta prestación.

● En cualquier momento la Administración gestora podrá comprobar si se siguen reuniendo los requisitos y cumpliendo las exigencias establecidas para el reconocimiento de esta prestación.

● A los efectos de lo previsto en los artíulos 2.5, 14.4 y 18 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, podrán, con carácter excepcional, asumir la condición de cuidadores no profesionales de una persona en situación de dependencia, su cónyuge y sus parientes por consaguinidad, afinidad o adopción, hasta el tercer grado de parentesco, cuando convivan y esté siendo atendidos por ellos y lo hayan hecho durante el periodo previo de un año a la fecha de presentación de la solicitud.

● La persona cuidadora deberá convivir con la persona en situación de dependencia en el mismo domicilio, salvo en el supuesto previsto en el apartado siguiente.

● Cuando la persona en situación de dependencia reconocida, tenga su domicilio en un entorno caracterizado por insuficiencia de recursos públicos o privados acreditados, despoblación, o circunstancias geográficas o de otra naturaleza que impidan o dificulten otras modalidades de atención, incluida la atención mediante servicios a través de prestación vinculada, la Administración competente podrá excepcionalmente permitir la existencia de cuidados no profesionales por parte de una persona de su entorno que, aun no teniendo el grado de parentesco señalado en el apartado 1 anteriormente, resida en el municipio de la persona dependiente o en uno vecino, y lo haya hecho durante el periodo previo de un año a la fecha de presentación de la solicitud.

El entorno a que se refiere el párrafo anterior habrá de tener, además, la consideración de entorno rural para las personas en situación de dependencia con Grado I.

Además de lo previsto en los anteriores apartados, se establecen las siguientes condiciones de acceso a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y los requisitos de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia:

  • Que la persona beneficiaria esté siendo atendida mediante cuidados en el entorno familiar, con carácter previo a la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia y no sea posible el reconocimiento de un servicio debido a la inexistencia de recursos públicos o privados acreditados.
  • Que la persona cuidadora acredite capacidad fíica, mental e intelectual suficiente para desarrollar adecuadamente por sí misma las funciones de atención y cuidado, así como no ser solicitante de la situación de dependencia ni tener reconocida dicha situación.
  • Que la persona cuidadora asuma formalmente los compromisos necesarios para la atención y cuidado de la persona en situación de dependencia.
  • Facilitar el acceso de los servicios sociales de las Administraciones públicas competentes, a la vivienda del dependiente con el fin de comprobar el cumplimiento de los requisitos o variación de las circunstancias.
8.ª Establecimiento de criterios comunes en la asignación de prestaciones en casos de fallecimiento del dependiente.

los beneficiarios del Sistema de la Dependencia que fallecieren antes de la formalización de dicha Resolución, aunque tuvieran reconocido un grado de dependencia, no tienen la condición de beneficiarios de la prestación económica y, por tanto, al no haberse perfeccionado el derecho, no puede incorporarse a la herencia.

9.ª Prevención de las situaciones de Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal.
10.ª Modificación del calendario de aplicación de la Ley de Dependencia.

la efectividad del derecho a las prestaciones de las personas valoradas en el Grado I, nivel 2, que no la tuvieran reconocida antes del 1 de enero de 2012, se realizará a partir del 1 de julio de 2015. La efectividad del derecho a las prestaciones de las personas valoradas en el Grado I, se realizará a partir del 1 de julio de 2015.

11.ª Normativa para determinar la capacidad económica y aportación del beneficiario.

Criterios comunes para la determinación de la capacidad económica de los usuarios de los servicios y prestaciones, así como la aportación del beneficiario, en los términos recogidos en la Ley, lo que contribuirá a garantizar el principio de igualdad, conforme a los siguientes criterios:

  1. La capacidad económica personal de los beneficiarios del Sistema de la Autonomía y Atención a la Dependencia se determinará en atención a su renta y su patrimonio.
  2. Se considera renta los ingresos del beneficiario, derivados tanto del trabajo como del capital, así como cualesquiera otros sustitutivos de aquellos.
  3. Se considera patrimonio del beneficiario el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de que sea titular, con deducción de las cargas y gravámenes que disminuyan su valor, así como de las deudas y obligaciones personales de las que deba responder.
  4. En todo caso, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley, en lo relativo a prestaciones de análoga naturaleza y finalidad de los regímenes públicos de protección social.
  5. El mínimo exento de participación económica de la persona beneficiaria, vendrá referenciado a la cuantía mensual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), excluida la atención residencial.
  6. La mejora propuesta también debe incluir un régimen de garantía de mínimos de disponibilidad por la persona dependiente. Por otra parte, incluirá la garantía del patrimonio protegido de las personas con discapacidad.

Una vez determinada la capacidad económica de los beneficiarios, la aportación de éstos al coste de la atención por los servicios y prestaciones que reciben, se determinará de forma progresiva hasta un máximo del 90% del coste del servicio.

Al tratarse de unos requisitos de mínimos, las Comunidades Autónomas podrán, asimismo, establecer medidas complementarias que aumenten la aportación del usuario cuando así lo regulen en su normativa.

En el supuesto de que alguna Comunidad Autónoma utilice un indicador de mínimos exentos de capacidad económica diferente al acordado, que suponga una condición más ventajosa para los beneficiarios de la misma, ésta será financiada con cargo al nivel adicional establecido en el apartado 3 del artículo 7 de la Ley, además de tenerse en cuenta en la liquidación del nivel mínimo de protección.

12.ª Indicadores de referencia para determinar el coste de los Servicios y Prestaciones.

Antes de finalizar el presente año 2012, se acordará entre todas las Administraciones Públicas competentes, el establecimiento de dichos indicadores de precios de referencia.

13.ª Aplazamiento de la retroactividad.
14.ª Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

La Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales y el Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia armonizar dichos órganos de participación en uno sólo denominado Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

15.ª Medidas de ahorro y reducción del déficit público: cuantías máximas de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar. Nueva asignación y distribución del nivel mínimo de protección.
16.ª Otros acuerdos.

Se acuerda la creación en el seno de este Consejo Territorial, de un Grupo de Trabajo sobre los contenidos de la Disposición adicional séptima de la Ley de Dependencia. Las conclusiones y, en su caso, propuestas que se elaboren en dicho Grupo de Trabajo, serán elevadas a este Consejo Territorial para su aprobación, en un plazo máximo de seis meses.

Tercero.

Aprobación de los criterios y contenidos sobre capacidad económica y participación del beneficiario en el coste de las prestaciones para la Autonomía y Atención a la dependencia.

1. Objeto.

Establecer criterios mínimos comunes para la determinación de la capacidad económica personal de los beneficiarios y su participación económica en el coste de los servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

2. Determinación de la capacidad económica personal.

La capacidad económica de las personas beneficiarias del SAAD se determinará en atención a su renta y su patrimonio.

La capacidad económica personal del beneficiario será la correspondiente a su renta, incrementada en un 5 por ciento de su patrimonio neto a partir de los 65 años de edad, en un 3 por ciento de los 35 a los 65 años y en un 1 por ciento a los menores de 35 años.

Sólo se tendrá en cuenta la vivienda habitual para el cálculo de la capacidad económica personal, cuando la prestación que reciba el beneficiario sea de atención residencial a través de la Red de Servicios Sociales Pública, concertada o mediante una prestación vinculada a este servicio.

Para la determinación de la capacidad económica personal, incluida la determinación de las cargas familiares, será de aplicación, con carácter supletorio a lo establecido en el presente documento, la normativa correspondiente a los impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y del Patrimonio.

3.Criterios para la determinación de la renta.

3.1 Se considera renta los ingresos de la persona beneficiaria, derivados tanto del trabajo como del capital.

3.2 Se entenderá como renta personal, en los casos de persona beneficiaria con cónyuge en régimen de gananciales o de participación de bienes, o cuando se presente declaración conjunta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la mitad de la suma de los ingresos de ambos miembros de la pareja.

3.3 En relación a las rentas derivadas de los seguros privados de dependencia, se estará a lo que establezca por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o, en su caso, por las comunidades autónomas con competencia fiscal en la materia.

3.4 En los ingresos de las personas beneficiarias no se tendrán en consideración como renta la cuantía de las prestaciones de análoga naturaleza y finalidad recogidas en el artículo 31 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

3.5 No tendrá la consideración de renta la ayuda económica establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y aquellas ayudas de igual contenido que se hayan podido establecer por las comunidades autónomas.

4. Criterios para la determinación del patrimonio.

4.1 Se considera patrimonio de la persona beneficiaria el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de que sea titular, con deducción de las cargas y gravámenes que disminuyan su valor, así como de las deudas y obligaciones personales de las que deba responder, de conformidad con las normas fiscales que, en su caso, pudieran resultar de aplicación.

4.2 A estos efectos, se entiende como personas a su cargo el cónyuge o pareja de hecho, ascendientes mayores de 65 años, descendientes o personas vinculadas a la persona beneficiaria por razón de tutela y/o acogimiento de menores de 25 años o mayores de tal edad en situación de dependencia o con discapacidad, siempre que convivieran con la persona beneficiaria y dependan económicamente del mismo.

4.3 En los supuestos de cotitularidad, sólo se tendrá en consideración el porcentaje correspondiente a la propiedad de la persona beneficiaria.

4.4 No se computarán en la determinación del patrimonio los bienes y derechos aportados a un patrimonio especialmente protegido de los regulados por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, del que sea titular la persona beneficiaria, mientras persista tal afección. No obstante, se computarán las rentas derivadas de dicho patrimonio que no se integren en el mismo.

4.5 En la consideración del patrimonio se tendrá en cuenta la edad de la persona beneficiaria y el tipo de servicio que se presta.

4.6 El período a computar en la determinación de la renta y del patrimonio será el correspondiente al último ejercicio fiscal cuyo periodo de presentación de la correspondiente declaración haya vencido a la fecha de presentación de la solicitud.

Cuando la capacidad económica de la persona beneficiaria sólo provenga de la percepción de pensiones, prestaciones o subsidios públicos, el periodo a computar en su determinación será el correspondiente al ejercicio en el que se presente la solicitud.

5. Comprobación de datos.
6. Criterios de participación económica del beneficiario en el coste de las prestaciones del SAAD.

6.1 Nadie quedará fuera de la cobertura del Sistema por no disponer de recursos económicos.

6.2 La capacidad económica mínima de la persona beneficiaria vendrá referenciada a la cuantía mensual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiple (IPREM).

6.3 La participación de la persona beneficiaria en el coste del servicio se hará de forma progresiva, mediante la aplicación de un porcentaje en función de su capacidad económica hasta alcanzar el 90% del coste de referencia del servicio y se tendrá en cuenta la naturaleza de la prestación de dependencia reconocida, según se trate de un servicio o de una prestación económica.

6.4 Si la persona beneficiaria de alguno de los servicios fuera titular de alguna prestación de análoga naturaleza y finalidad de las citadas en el artículo 31 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, dicha prestación se sumará a la cuantía calculada con arreglo a los criterios de participación del servicio hasta el 100% del coste de referencia del mismo.

6.5 Las comunidades autónomas o Administración competente, podrán establecer una mayor participación del beneficiario en el coste de los servicios y de las prestaciones económicas.

6.6 La capacidad económica de la persona beneficiaria, será determinada siempre en cómputo anual, sin perjuicio de que, para el cálculo de su participación en el coste de los servicios y prestaciones, se compute en términos mensuales calculada como la doceava parte de su capacidad económica anual.

7. Servicio de atención residencial.

7.1 Los beneficiarios participarán en el coste de los servicios de atención residencial en función de su capacidad económica y del coste del servicio.

7.2 A los solos efectos de determinar la participación económica de las personas en situación de dependencia, se fija entre 1.100 y 1.600 euros mensuales como referencia del coste del servicio residencial.

7.3 La aportación de la persona beneficiaria irá destinada en primer lugar a financiar los gastos de manutención y hoteleros, en parte o en su integridad en función de su capacidad económica.

La determinación de la participación económica de la persona beneficiaria se realizará mediante la aplicación de la siguiente fórmula matemática, que garantiza la progresividad en la participación.

PB = CEB – CM

Donde:

PB: participación económica de la persona beneficiaria en el coste del servicio de atención residencial.

CEB: Capacidad económica de la persona beneficiaria.

CM: Cantidad mínima para gastos personales, referenciada al 19% del IPREM mensual.

7.4 Los costes manutención y hoteleros se garantizarán en todo o en parte a quienes carezcan de ingresos suficientes.

7.5 Una vez determinada la participación en el coste de los servicios, se establece una cantidad de referencia para gastos personales que será del 19 % del IPREM mensual.

7.6 La Administración competente podrá compatibilizar los sistemas que tenga establecidos, sobre reconocimiento de deuda, con lo previsto en este documento, en los casos en que la aportación de la persona beneficiaria no sea suficiente para abonar en su totalidad su participación en el coste del servicio. En todo caso la ejecución de la deuda no se llevará a cabo sobre la vivienda habitual, en los casos en los que tengan su vivienda habitual las personas y con los requisitos a los que se refiere el punto 4.2 de este documento.

8. Otros servicios del catálogo.
8.1 Servicio de ayuda a domicilio.

El coste de referencia del servicio se fija en 14 euros por hora, para los servicios relacionados para la atención personal y en 9 euros por hora para los servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar.

1.º De 21 a 45 horas mensuales:

PB = ((0,4 x IR x CEB) / IPREM) – (0,3 x IR)

2.º De 46 a 70 horas mensuales:

PB = ((0,3333 x IR x CEB) / IPREM) – (0,25 x IR)

Donde:

PB: Participación de la persona beneficiaria.

IR: Coste hora servicio de ayuda a domicilio.

CEB: Capacidad económica de la persona beneficiaria.

La persona beneficiaria participará en el coste del servicio, en todo caso, con 20 euros, si la cuantía obtenida en la aplicación de la fórmula resulta negativa o inferior a esta cantidad.

8.2 Servicio de centro de día y de noche.

El coste de referencia del servicio de centro de día y de noche, sin incluir los gastos de manutención y transporte, será de 650 euros mensuales, y está en relación con el precio de concertación de plazas en centros de iniciativa privada. Este coste podrá incrementarse hasta un 25%, en el caso de que este servicio implique una mayor intensidad de atención o cuidados.

Las cuantías previstas en este apartado serán actualizadas anualmente de conformidad con el IPREM.

La determinación exacta de la participación económica de la persona beneficiaria se realizará mediante la aplicación de la siguiente fórmula matemática, que garantiza la equidad en la progresividad de la participación según su capacidad económica:

PB = (0,4 x CEB) – (IPREM / 3,33)

Donde:

PB: Participación económica de la persona beneficiaria en el coste del servicio.

CEB: Capacidad económica de la persona beneficiaria.

Si la capacidad económica de la persona beneficiaria es igual o inferior al IPREM mensual, ésta no participará en el coste del servicio.

8.3 Servicio de teleasistencia.

La persona beneficiaria participará en el coste del servicio de teleasistencia según su capacidad económica de conformidad con los siguientes intervalos:

a) Menos del IPREM mensual: Sin participación.

b) Entre el IPREM mensual y el 1,5 del IPREM mensual: Participación del 50%.

c) Más del 1,5 del IPREM mensual: Participación del 90%.

9. Participación del beneficiario en el coste de las prestaciones económicas.

La cuantía de la prestación económica reconocida será del 100% de la cantidad máxima establecida en el real decreto que fije las cuantías anuales, cuando la capacidad económica de la persona beneficiaria sea igual o inferior al IPREM mensual.

9.1 Prestación vinculada al servicio y de asistente personal.

La cuantía mensual de la prestación vinculada al servicio y de la prestación económica de asistente personal, se establece en función del coste del servicio y la capacidad económica, de conformidad con lo siguiente:

CPE = IR + CM – CEB

Donde:

CPE: Cuantía de la prestación económica.

IR: Coste del servicio.

CM: Cantidad para gastos personales de la persona beneficiaria para cada tipo de servicio, referenciada, en su caso, al 19% del IPREM mensual.

CEB: Capacidad económica de la persona beneficiaria.

9.2 Prestación económica de cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales.

La cuantía mensual de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, se establece en función de la capacidad económica de la persona beneficiaria y proporcionalmente al mayor grado de dependencia, de conformidad con la siguiente formula matemática:

CPE = (1.33 x Cmax) – (0,44 x CEB x Cmax) / IPREM

Donde:

CPE: Cuantía de la prestación económica.

Cmax: Cuantía máxima de la prestación económica.

CEB: Capacidad económica del beneficiario.

Ante la misma capacidad económica de la persona dependiente, la cuantía resultante de esta prestación no podrá ser superior a la que correspondiera por prestación vinculada al servicio.

9.3 La cuantía establecida en el contrato suscrito por la persona beneficiaria, en concepto de contraprestación del asistente personal o para la adquisición del servicio, a cuyo pago irá destinada el 100% de la prestación económica vinculada al servicio, no podrá ser inferior a la cuantía máxima establecida reglamentariamente para la respectiva prestación.

9.4 Si el beneficiario de alguna de las prestaciones económicas del Sistema percibiera cualquier otra prestación de análoga naturaleza o finalidad de las citadas en el artículo 31 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, el importe de éstas se deducirá de la cuantía inicial de aquellas.

10. Cantidad para gastos personales de las personas en situación.

La cantidad mínima para gastos personales se incrementará en un 25% para las personas en situación de dependencia por razón de su discapacidad.

11. Adaptación normativa.

Las Administraciones públicas competentes, en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de este Acuerdo.

12. Situaciones jurídicas preexistentes.

Las Administraciones públicas competentes, en el plazo máximo de un año desde la fecha de este Acuerdo, adecuarán, si procede, las prestaciones de dependencia reconocidas con anterioridad, a la adaptación normativa autonómica prevista en el punto anterior.

Bueno ya está bien. Quién haya llegado leyendo hasta aquí, le doy mi enhorabuena.

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